Seis empresas del sector construcción y cuatro de sus ejecutivos recibieron sanciones y penalidades por un total de 5,77 millones de soles por parte de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), que emitió el primer pronunciamiento sobre prácticas anticompetitivas entre empresas en el mercado laboral.
Los involucrados acordaron un pacto de no agresión, para no contactar ni contratar al personal que mantenía algún vínculo laboral con ese grupo de empresas, incluso extendiéndolo a extrabajadores, informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Detalló que las empresas involucradas en este cártel de reparto de trabajadores son JJC Contratistas Generales S.A. (JJC); Mota-Engil Perú S.A. (Mota-Engil); Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (Iccgsa); Cumbra Perú S.A. (antes, GyM S.A.); Unna Transporte S.A.C. (antes Concar S.A) y Cosapi S.A. (Cosapi), así como cuatro gerentes de las áreas de recursos humanos de dichas empresas.
La práctica fue ejecutada por el personal encargado de reclutamiento y selección de las áreas de recursos humanos de las empresas, entre el 2011 y el 2017.
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Esquema
Para implementar el acuerdo de no contratación, las empresas hacían consultas sobre la disponibilidad de los trabajadores.
Solicitaban el bloqueo para la contratación de trabajadores a empresas participantes del acuerdo, y reclamaban ante posibles selecciones no fijadas.
Fuente: El peruano
